“Sin bosques fomentamos el cambio climático”

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, informó sobre el contenido de la ley y alertó sobre la gravedad de los daños que provoca la deforestación

 

¿Cómo se gestó la Ley de Bosques?

La ley de Bosques fue aprobada el 28 de noviembre de 2007 por el Congreso de la Nación después de un año y medio de trámite legislativo y de una campaña muy fuerte que logró juntar más de 1.500.000 firmas. Más de 30 organizaciones de todo el país se sumaron a la campaña y lograron que se aprobara una ley que tenía ciertas resistencias de algunos legisladores de provincias. La ley fue sufriendo algunas modificaciones en el camino que la mejoraron muchísimo; por ejemplo, la creación de un Fondo para la protección de los bosques que no estaba contemplado en el proyecto original y que implica que hay cerca de mil millones de pesos al año para repartir entre las provincias que mejor conserven sus bosques nativos. Es la primera vez que se toma una decisión política de esta envergadura.

¿Qué establece esta norma?

La ley está en plena vigencia y establece, a grandes rasgos, que suspende la emisión de  los permisos de desmontes dada la emergencia forestal en que nos encontramos. Estamos hablando de 300.000 hectáreas de bosques nativos por año; o sea que cada dos minutos desaparece una hectárea de bosque en la Argentina, un número muy grande que nos iguala en récord con el Amazonas o el Congo, regiones con grandes niveles de deforestación. Obliga a las provincias a hacer un ordenamiento territorial de los bosques, que no es ni más ni menos que una planificación como la que hacemos en cualquier territorio. El ordenamiento implica tres tipos de usos de los bosques. Los bosques de protección, en los que no se puede hacer aprovechamiento, sino ecoturismo, investigación científica y planificación. Son los bosques pintados de rojo, como un semáforo. Los bosques amarillos, en los que se puede hacer aprovechamiento forestal sostenible o ganadería bajo monte, respetando y manteniendo las estructuras de los bosques como tal. Y, por último, los bosques en verde que están muy degradados y no revisten importancia para la conservación, que pueden ser desmontados previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública.

¿En qué consiste el estudio de impacto ambiental?

Es un proceso consultivo con un aspecto técnico, una evaluación  con distintos criterios, como la protección de cuencas, si revisten importancia para la conservación, si son utilizados por comunidades indígenas. Una serie de criterios que deben evaluarse y deben ser, al mismo tiempo, consultados con los sectores productivos, el sector social y el sector académico. Una vez hecho este ordenamiento, las provincias pueden empezar a emitir permisos en las áreas verdes. Si no realizan el ordenamiento no pueden emitir permisos de desmontes. Va a la emergencia forestal y la actividad se frena. No podemos planificar mientras vamos destruyendo el recurso. La idea es frenar para planificar.

¿Cuál es la situación en las provincias?

Algunas provincias han avanzado más y otras menos. El problema que tenemos hoy es que ha habido desmontes ilegales y algunas provincias como Salta que autorizaron muchos desmontes antes de la sanción de la ley, por lo cual se genera esa sensación de que la ley no se cumple.  Esto complica mucho el proceso de ordenamiento y planificación.

¿Qué consecuencias negativas trae aparejadas la no reglamentación de la ley?

Al no estar reglamentada la ley, no entran en vigencia los fondos. Por ejemplo, si al Chaco le corresponden 100 millones de pesos por año, 70 millones se reparten entre los productores, propietarios de campos a quienes sus bosques les queden en amarillo o rojo, como una compensación por los servicios ambientales que le están dando al resto de la sociedad. Los otros 30 millones irían a la Dirección de Bosques para mejorar los controles, comprar camionetas, fomentar el desarrollo de las economía rural a pequeña escala, que a veces no es sustentable ni rentable. La falta de reglamentación debilita mucho la norma porque al mismo tiempo los productores empiezan a sentirse mal, porque dicen ‘me obligaron a frenar y no me dan lo que me prometieron’. La ley también establece que los ordenamientos deben ser revisados cada cinco años y esto implica una posibilidad de mejorar esos ordenamientos. La falta de reglamentación puede generar que la deforestación a gran escala no se termine de resolver y que dentro de cuatro o cinco años nadie se acuerde de la Ley de Bosques.

¿Cuáles son las causas principales de la deforestación?

El problema de la deforestación, que normalmente está ligada a la tala y el desarrollo maderero, en los últimos diez años tuvo que ver con la expansión agropecuaria. Sobre todo, de la soja a gran escala que tiene altos rendimientos económicos. En la zona norte del país, en los bosques planos, en el Gran Chaco y en la selva de yungas, las tierras son baratas. Estamos hablando de 300 dólares la hectárea frente a 10.000 dólares en la Pampa Húmeda. Es muy buen negocio, pero muy malo en términos ambientales, comprar 20.000 hectáreas en Salta, desmontarlas y empezar a producir soja. Ha habido también, en los últimos cinco años, un desplazamiento hacia el norte de la ganadería. La soja empieza a ocupar la zona pampeana ganadera y la ganadería empieza a correrse también hacia el norte.

¿Y sus consecuencias?

Las consecuencias no son sólo ambientales sino también sociales, porque ha habido desalojo de comunidades campesinas e indígenas que viven del monte. Ante esta agricultura y ganadería a gran escala se ven avasalladas, a veces directamente con las topadoras frente a sus ranchos, con la connivencia del sector judicial, con jueces que autorizan desalojos, y con la falta de políticas serias de titularización  de las tierras. Tenemos el problema de grandes colonos y comunidades indígenas que habitan estos montes hace muchos años. Son poseedores con ánimo de dueños y viven en fincas de grandes familias que nunca las han visitado y ahora, al ser rentables, las venden en Buenos Aires, Rosario y Córdoba como grandes núcleos de la cuestión agropecuaria en general. Un productor que llega con sus flamantes 20.000 hectáreas se encuentra con familias adentro y hospitales. Muchas veces, con la connivencia del sector político avanzan sobre estas comunidades.

¿Cómo jugó en todo esto la experiencia de Pizarro?

Sin Pizarro la Ley Bosques no hubiera sido posible, porque fue un ejemplo dramático de lo que estaba pasando en otros lados. Era un papelón, porque se trataba de una reserva con una comunidad indígena desafectada por el gobierno de Salta. Se logró salvar un porcentaje muy alto de la reserva y la comunidad accedió a sus tierras. Hizo conocer a la gente que en el norte de nuestro país había bosques. Todo el mundo pensaba que estaban en Misiones, en la selva, y en el sur, pero nadie pensaba en el Chaco como un bosque. Por otro lado, que la deforestación era un problema grave en nuestro país. Dio el puntapié para que ya no hiciera falta explicarle a  la gente la necesidad de una ley nacional, porque nosotros como organización, mientras salvamos Pizarro u otros tantos que hemos logrado detener, hay otros bosques que se están deforestando al mismo tiempo.

¿Qué beneficios tendrá la aplicación de la ley?

Si la ley se aplica bien va a beneficiar a los productores y también a la gente de las ciudades. Los bosques no son sólo de las provincias en el sentido de un recurso. Cumplen una función de biodiversidad, porque concentran la mayor cantidad de plantas animales. Sin bosques, mayor es el riesgo de inundaciones. Lo que vimos en Santa Fe y en Tartagal hace algunos años. Funcionan como una esponja y, cuando los perdemos, tenemos anegamientos. Son un reservorio fundamental y sustento de muchas familias y, al mismo tiempo, sin bosques fomentamos el cambio climático.

¿De dónde saldrán los recursos para financiar los programas previstos por la legislación?

Establece un 0.3% del presupuesto nacional fijo y un 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales. De alguna manera, lo que la soja le quitó al bosque, un poquito se lo va devolviendo con la exportación. El 99% de la soja que se produce en nuestro país es para exportación forrajera. Gran parte de la deforestación responde a la ambición desmedida de muchos productores que se van hacia el norte y, sin medir consecuencias ambientales, avanzan sobre los bosques. De alguna manera, hay una mínima devolución a los bosques nativos de esta gran ganancia que es percibida por los productores y el Estado y, de alguna manera, por el resto de los argentinos en función de lo que después se distribuye. Cuanto más bosques conserve cada provincia, más dinero recibirá y más dinero recibirá por hectárea el productor por no poder utilizar esos bosques.

¿Qué respuestas han tenido de parte del público en esta campaña a favor de la reglamentación?

Nos sorprendió la toma de conciencia de tanta gente. Salimos a decir ‘queremos 1.000.000 de firmas’ como una aventura, sabiendo que podíamos conseguirlas pero que era un desafío muy difícil. Nos sorprendió lo que se engancharon las organizaciones sociales que trabajan en el tema y sobre todo la gente común que reenviaba los correos electrónicos, mandaba las cartas iba a las escuelas y a los clubes. Este acto cívico fue un aprendizaje para demostrar que cuando la gente se une frente a los políticos o a las empresas que contaminan y destruyen el medio ambiente, se les puede ganar la batalla.

Autor: José Yapor

Nota realizada en diciembre de 2008 en la sede de Greenpeace Argentina. Cabe aclarar que la Ley de Bosques ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional