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La locomotora del oeste

Ahora que salió la ley, hablemos todos

   Era octubre y viernes. Atrás quedaban los ecos del Nobel de Literatura para la escritora rumana Herta Müller, mientras las primeras noticias de la jornada daban cuenta de que Barack Hussein Obama era el nuevo Nobel de la Paz. En Kraft continuaban las negociaciones por la reincorporación de los operarios despedidos. El fútbol, ¿cuándo no?, también era noticia: la noche anterior, Boca vencía a Racing en el Cilindro de Avellaneda, Caruso Lombardi renunciaba sin más vueltas a la dirección técnica de la “Academia” y ya se palpitaba el partido que un día después disputarían las selecciones de Argentina y Perú en el Monumental.

   Sin embargo, no era un viernes más. Era el día en que la democracia argentina tenía la posibilidad de saldar una de sus tantas deudas, después de veintiséis años de marchas, contramarchas, concesiones y claudicaciones en materia de legislación de medios audiovisuales. El día en que podía quedar atrás el Decreto Ley Nº 22.285, surgido de un poder ilegítimo y hecho a la medida de los intereses de las grandes corporaciones.

   Después de su paso por Diputados, donde se alcanzaron importantes consensos entre el bloque oficialista y diferentes expresiones del espacio de centroizquierda, la decisión estaba en manos del Senado. Ese ámbito donde suelen hacerse fuertes las expresiones conservadoras de la sociedad; donde cualquier iniciativa transformadora puede llegar a quedar en el camino, con muy pocas posibilidades de revancha. Donde cualquier eventual empate, es derrota segura…

   A pesar del optimismo que, en cuanto a los cálculos previos, mostraban los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, ni el más osado analista se animaba a afirmar que en la madrugada del sábado el proyecto se convertiría en ley. A diferencia de lo que había ocurrido en la Cámara Baja dos semanas antes, la oposición anunciaba que no se retiraría del recinto y que intentaría modificar una serie de artículos para que retornase a Diputados.

   Afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, una verdadera multitud se congregaba desde las cinco de la tarde para seguir las alternativas del debate, en respuesta a la convocatoria a una radio abierta realizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Ese espacio de convergencia de 300 organizaciones de la sociedad civil, de donde surgieron los 21 puntos que la nueva normativa contempla.

   Alrededor de las diecinueve, el marco era imponente. Había columnas de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, núcleos estudiantiles, grupos religiosos, radios comunitarias y pueblos originarios. Por los altavoces, la gente de la Coalición informaba que había más de 40.000 personas. Salvando tiempos y distancias, pero siempre en octubre, se respiraba un aroma al scalabriniano “subsuelo de la Patria sublevado”. Los bombos, redoblantes, pancartas y banderas aportaban  ritmo y color a un atardecer caluroso. En el escenario se sucedían artistas populares y oradores. Entre unos y otros, los locutores leían adhesiones de organizaciones y personalidades de la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la política, el movimiento obrero y los derechos humanos.

   La madrugada, por fin, marcó la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (la mal llamada “Ley K” por Clarín y América), primero en general y horas más tarde en particular.

   La nueva normativa abre el espectro del sistema de medios audiovisuales para que participen nuevos actores: además del Estado y las empresas privadas podrán ser titulares de licencias las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los pueblos originarios y los sindicatos.

   La aplicación estará a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por representantes del Poder Ejecutivo Nacional (2), el Congreso (3) y el Consejo Federal (2). Este último estará compuesto por representantes de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades empresariales y del sector social, universidades nacionales con facultades y/o carreras de Comunicación Social, emisoras universitarias, medios públicos, sindicatos de trabajadores de medios, sociedades gestoras de derechos y pueblos originarios.

   Una ley que prevé un rol activo del Congreso de la Nación, mediante el funcionamiento permanente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Una ley que impide las posiciones dominantes en el sistema, mediante el límite en la asignación de licencias.

   En fin, un instrumento legal perfectible, que debe entrar en vigencia en forma rápida para que la democratización de la palabra deje de ser un mero enunciado y se traduzca en una práctica concreta. Para que no tengamos que esperar otro cuarto de siglo.

Autor: José Yapor

Nota escrita en Octubre de 2009, tras la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Senado.

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