Rol del Estado, doctrinas de subsidiaridad y principalidad
Fue muy común, a partir de mediados de la década del ‘50 (cuando hablamos de políticas gubernamentales que involucran derechos sociales “básicos”, como el acceso a la salud y educación), el desarrollo y uso de una cultura autoritaria por parte de las posiciones de derecha o neoconservadoras consistente en bloquear todo debate ideológico al respecto, llevando nuestra comunidad a la desmovilización, inexistencia del debate ideológico, en el marco de un excesivo conformismo y estrategias de “salvación” individual (Paviglianiti, Norma, “Neoconservadurismo y Educación” 1991 pág. 13).
Perdiendo de vista la dimensión colectiva que necesariamente deben contemplar las políticas estatales, en nuestro caso las pertinentes al área educativa. Como bien sostiene José Joaquín Bruner (“América latina, entre la cultura autoritaria y...” pág. 10 Flacso 1987) , esto sucede porque “... redujeron los umbrales comunicativos de la sociedad, lograron enfriarla ideológicamente y redujeron los límites del imaginario social, excluyendo temporalmente de su horizonte, o casi, las alternativas de cambio y las simbologías y lenguajes asociados a ellas”.
En definitiva, y con el importante apuntalamiento de los medios de comunicación masivos, las soluciones de ajuste y retiro del Estado aparecen como las posibilidades únicas y producto de decisiones “técnicas”, que nada tienen que ver con la discusión política que vendría a ser, esta última, el origen de toda desmesura y corrupción.
Entonces, es muy importante analizar las medidas propuestas por los distintos grupos políticos desde el tamiz de los principios de subsidiaridad o principalidad. Vale decir, si suponen una acción positiva del Estado como garante de la vigencia de derechos sociales básicos, sobre todo en las capas sociales más desprotegidas y vulnerables o significan, por el contrario, el retiro de éste, generalmente en forma despiadada, insensible.
Bueno... vamos a lo nuestro, a definir conceptos elementales, siguiendo a la pedagoga Norma Paviglianiti, especialista en políticas educacionales UBA y UNLZ, antes de sumergirnos en cualquier debate.
Principio de Subsidiaridad: es el que describe a un tipo de Estado que, generalmente con el pretexto de no perturbar el funcionamiento de las leyes del mercado y fomento de la actividad privada, se limita a tener una acción efectiva solo en aquellos ámbitos donde la actividad particular (“libertad de iniciativa”) no llega por no tener, por ejemplo, incentivos económicos. Claro... imaginemos una villa en el tercer cordón industrial en Pcia. de Buenos Aires, no es necesariamente una “plataforma de negocios” ... y es aquí donde el Estado, bajo este principio, debe accionar en forma positiva financiando la instalación de una escuela que, como comprobamos siempre, tendrá serios déficit de infraestructura y sobre todo en su funcionamiento, ya que debe atender poblaciones de riesgo social que están en el margen de la estructura económica y en situaciones muy precarias.
Cabe aclarar que respecto a la iniciativa particular, la actividad privada específicamente en la Educación, tuvo y seguirá teniendo su importancia, inclusive como espacios de innovación (muchas experiencias escolanovistas se dieron en este sector), alternativas ideológicas (anarquismo, escuelas sindicales), refugio de colectividades (italiana, irlandesa, española). Pero, paralelamente, es desmedido esperar de este tipo de gestión que cumpla el papel reservado al Estado, por cuestiones tales como la escala limitada, la representación esencialmente de intereses particulares y la falta de capacidad de articulación nacional que debe tener todo sistema y sobre todo que la Educación se cimenta sobre un mandato social estratégico y básico para el progreso de cualquier comunidad que se precie de tal.
Doctrina de principalidad: por el contrario, en este caso el aparato estatal diseña y sostiene políticas de acción efectiva y directa a fin de lograr iguales resultados en toda la población... en la frontera, en el sur profundo tanto como en las grandes ciudades como en el monte chaqueño y la selva misionera. Es importante aclarar que igualdad de resultados es muy diferente a igualdad de oportunidades. En este último caso hay una fuerte impronta meritocrática donde se supone (erróneamente, se comprobó) que todos los hombres y mujeres parten de una misma situación socio-económica y cultural y que los logros y éxitos que obtengan se deberán a su propio esfuerzo (o mérito). Ahora ¿qué mérito se le puede asignar a una persona por disponer de una inteligencia más desarrollada que otra? O, igualmente, ¿qué mérito le corresponde a un niño que presenta una aceptable performance escolar si ésta se debe en gran medida a haber nacido en un entorno, por ejemplo, de clase media profesional donde es estimulado positivamente respecto a la cultura escolar? (Pierre Bourdieu, “La Reproducción” 1979 págs. 39 y 111). Inversamente, podemos preguntarnos: ¿cuál es la culpa y la responsabilidad de aquel pibe que se cría en la calle (padres ausentes, por ahí... paco) sobre su bajo rendimiento escolar cuando concurre, seguramente, a alguna precaria escuela pública? ¿Cuál es la culpa que le cabe a un drogadicto... por ser drogadicto... y no rendir en la escuela?
En fin premios y castigos... ¡cómo nos gusta premiar y castigar a nuestros infantes y adolescentes!
La acción del Estado es comparable a la actitud de los padres dentro de su familia. Por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría en relación a la alimentación, colocar todas las tardes la merienda sobre una repisa a 1.50 metro de altura y que la consuma el que pueda alcanzarla, con lo cual el menor de la familia de 3 años que hace poco dejó de gatear, estaría en problemas al menos para tomar su leche de la tarde... Pero es una cuestión de mérito, de esfuerzo ¿vio?... Bueno, si en general creemos que no es razonable ni ético crear ese tipo de competición en nuestro hogar, entre nuestros hijos, esta conclusión tendría que ser extrapolable a nuestra comunidad en general, donde derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda propia, la justicia están al alcance de algunos, de los más favorecidos y la gran mayoría queda saltando por debajo del “metro cincuenta”, en el marco de un sistema cruelmente competitivo (meritocrático) pero que a su vez genera “esa fascinación” tan humana, tan nuestra, alrededor de la expectativa de pertenecer a ese grupo selecto y no a la mayoría perdedora.
El aparato estatal es la principal herramienta de la sociedad para la promoción de la justicia social y debe llegar su accionar en forma adecuada a cada persona, complementando las desventajas de punto de partida a fin de asegurar resultados similares en toda la población, Siendo este último concepto el núcleo duro de la doctrina de principalidad en cuanto al papel del Estado, al cual, demás está decir, adherimos completamente desde esta columna.
Bueno..., nos despedimos hasta la próxima, luego de recorrer estos conceptos básicos para un futuro debate.
Autor: Marcelo Lobo
3 comentarios
marcelo -
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Gracias por participar con tu comentario. Ya lo puse en aviso a Marcelo para que te envíe más definiciones sobre el tema que aborda en el artículo.
Te invito a seguir participando en el blog. Saludos.
José.
--- El mar 15-feb-11, Blogia
Elsa Perez -
Si tienes algo mas mandamelos, te lo agradezco. Hasta pronto Elsa